La cuatro te no ha podido cumplir con la armonización de las leyes sobre cannabis exigida por la SCJN. El Senado resultó ineficiente para legislar en tiempo una ley acorde a la jurisprudencia en la materia y la Constitución continuará sin ser respetada.
Y es que, ante la rebatinga por los beneficios del mercado cannábico, el Senado -dominado por Morena- ha optado por postergar la regulación de la mariguana. Para ello ha pedido una prórroga a la SCJN, la cual ha sido respondida con un plazo que vence el próximo día del niño. Pero ¿quién gana ante la ineficiencia del Senado?
Los usuarios no. Con esta postergación se les mantiene en la ilegalidad, lo cual favorece que muchos policías continúen extorsionando a quienes ejercen su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Como usuarios habrá que tomar nota: medio año mas de riesgos de ser detenidos por consumo público y/o posesión de mariguana y, derivado de ello, de ser extorsionados o multados ¡por ejercer un derecho!
La sociedad tampoco. Mantener a las fuerzas policíacas persiguiendo a usuarios de mota implica que no serán utilizadas en evitar o combatir cualquiera de los miles de delitos contra terceros que diariamente se cometen en el país. En otras palabras, se puede decir que un usuario detenido son dos delitos cometidos, 1) la extorsión o multa a los usuarios por hacer ejercicio de sus derechos, y 2) el delito realizado por la delincuencia común, mientras la policía se ocupa de detener usuarios.
Los traficantes sí. Al evitar cumplir con la regulación del acceso legal de mariguana, lo que incluye el cultivo para consumo personal, el Senado favorece a los grupos delictivos que controlan los mercados locales, ya que éstos continuarán sin competencia legal durante 6 meses más. Así, entre los muchos intereses en disputa señalados por algunos legisladores, los intereses del mercado negro resultaron favorecidos.
Además, la persecución de narcomenudistas se cubre de incertidumbre, qué sentido tiene usar a la policía para perseguir, detener y procesar a vendedores por posesión de mariguana en cantidades que se espera sean legales en 6 meses. ¿Acaso no es esto un desperdicio evitable de recursos policiales y ministeriales? Es este posible aumento del umbral de posesión tolerada lo que causa incertidumbre, ya que por este delito es que se juzga a la mayoría de vendedores de mariguana que llegan al MP, incluso a quienes son reconocidos por tener roles de mando en grupos de traficantes; por lo que un marco legal donde el umbral de posesión no punible sea mayor, implicaría que los detenidos y procesados por posesión en estos meses podrían ser exonerados si se aplica la retroactividad de los beneficios de la nueva ley.
En resumen, el retraso de la regulación de la mariguana mantiene la vulnerabilidad de los usuarios ante autoridades corruptas y, con ello, el desperdicio de las fuerzas policíacas; a la vez que favorece a la delincuencia al evitar que los traficantes tengan competencia legal en el mercado de mariguana y al crear incertidumbre sobre la utilidad de perseguir vendedores que posteriormente podrían ser exonerados. En una frase: Ganó la delincuencia.
Clavado en la textura
Columna de Opinión del
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